Senadora Lily Pérez solicita a Contraloría se pronuncie respecto a psicopedagogas que perdieron bono de reconocimiento

27 noviembre, 2017 Actividades, Destacados

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  • Profesionales de la comuna de Quillota piden aclarar la situación ya que hasta el mes de octubre recibían la bonificación contemplada en la Ley N° 20.158.

La senadora de la V región Cordillera, Lily Pérez, solicitó de manera formal a la Contraloría General de la República, se pronuncie respecto a la situación que afecta a un grupo de psicopedagogas de la comuna de Quillota quienes dejaron de recibir el pago de una bonificación por reconocimiento profesional.

Al respecto, la senadora Lily Pérez explicó que las profesionales bajo el Programa de Integración Escolar del Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM), se encuentran en una situación de incerteza respecto a la procedencia o no de este bono establecido en la Ley Nº 20.158, en cuanto les fue pagado durante algunos meses anteriores de manera sostenida y se ha discontinuado por razones poco claras durante los últimos meses de Agosto y Octubre.

“He pedido un pronunciamiento a la Contraloría para que nos de certezas respecto a nuestras psicopedagogas particularmente de la comuna de Quillota, porque ellas están llenas de dudas ya que han dejado de percibir un bono que fue aprobado y que el gobierno destina a través de los respectivos municipios para ellas el cual estuvieron recibiendo y dejaron de percibir de la noche a la mañana. Por lo tanto, lo que estoy pidiendo es un pronunciamiento de la Contraloría para tener certeza de cuál es la situación. Nuestras psicopedagogas son personas que hacen un tremendo esfuerzo, son profesionales que se vinculan al área de la educación y por eso es tremendamente importante que ellas tengan certeza de cómo siguen trabajando de aquí para adelante”, señaló la senadora Lily Pérez.

Cabe señalar que a las profesionales aludidas se les informó a fines de septiembre que dicha bonificación no les correspondía ya que sólo se le debe a Educadores Diferenciales. Sin embargo, varios de los profesionales afectados por una errada interpretación de la norma, durante años han obtenido la autorización para el ejercicio de la función docente en la Educación Diferencial o Especial, lo cual constituye para las afectadas un derecho adquirido que permite el desenvolvimiento profesional pleno y acorde a las necesidades educativas de la comunidad en la cual participan.